El Senado nacional iba a tratar hoy un proyecto para sumar un canon a los dispositivos electrónicos de almacenamiento y copia de datos, con aumentos de hasta el 75% en CD’s y DVD’s, y del 10% en discos rígidos. Se suspendió el tratamiento debido a la polémica generada.
Un impuesto a la inclusión digital, quizás suene ridículo. Pero en la Argentina es perfectamente posible. El Senado iba a tratar hoy un proyecto de los legisladores Miguel Ángel Pichetto (FPV-Río Negro), y Rubén Gustiniani (Partido Socialista-Santa Fe), a partir del cual los argentinos deberán pagar un impuesto adicional al comprar dispositivos que realizan copias digitales, graban y reproducen música, imágenes y otros archivos. Finalmente, el proyecto volverá a comisión, porque “es un tema importante y requiere un amplio acuerdo”, sostuvo Pichetto en un comunicado.
La iniciativa es impulsada para combatir la piratería que agobia a firmas discográficas, músicos, actores, autores y a la industria cinematográfica. La idea es que el canon obligará a pagar más caro a pendrives, discos rígidos, reproductores de MP3 y MP4, DVD y CD, cassettes, cintas filmadoras, discos rígidos, videocaseteras, grabadoras digitales, teléfonos celulares y cámaras fotográficas; más allá de sus usos y aplicaciones y el monto impositivo será retribuido a los sectores que son víctima de la piratería.
Según el documento, serán los “fabricantes o importadores de soportes, aparatos, o elementos aptos para la reproducción”, quienes deberán remunerar a “los titulares de derechos” (autores, artistas intérpretes o ejecutante, los productores de fonogramas y los productores de obras audiovisuales). En tanto que los distribuidores, mayoristas y minoristas, de los soportes, deberán responder por el pago de la remuneración solidariamente con los obligados al pago que los hubieren suministrado”. Lógicamente, el aumento de los costos para productores y vendedores se trasladará al precio final de compra, lo cual profundiza la brecha digital, que no es más que la posibilidad de acceder o no a la tecnología, de acceder o no a la sociedad de la información.
El proyecto define que la recaudación se hará efectiva a través de las entidades de gestión autorizadas a tal efecto como SADAIC, ARGENTORES, AADI, CAPIF, SAGAI, DAC; entidades que nuclean autores e intérpretes musicales y de productos audiovisuales, entre otros.
Lo polémico de la cuestión es por qué debe pagar un impuesto alguien que compra un CD para almacenar, por ejemplo, sus fotos familiares: el proyecto no lo contempla. Se suma la consecuencia de encarecer tecnologías que ahondarán aún más la brecha digital en el país.
La generalización del proyecto, que despliega un manto pirata de sospecha sobre todos los argentinos –y les obliga a pagar por ello− es uno de los principales puntos criticados a la iniciativa. “¿Intercambiar archivos es piratear?”, es una de las preguntas más citadas en blogs y perfiles en redes sociales que se manifiestan en contra de la normativa. Una crítica que suma el proyecto legislativo es si esta norma, además de ir en sentido contrario con la inclusión digital, no se convertirá en una especie de peaje impositivo que potencie la piratería. Por el momento, se frenó el tratamiento debido a la presión pública. Pero la polémica continúa.
Porcentajes de aumento, según el proyecto
-Grabadora de discos compactos y/o versátiles y/o Blu-ray (CD/DVD/Blu-ray): 10%
-Discos compactos y/o versátiles y/o Blu-ray, regrabables o no regrabables (CDR/CDRW/DVR/DVDRW/Blu-ray): 75%
-Memorias USB y otras tarjetas de memoria no integradas en otros dispositivos: 5%
-Discos duros integrados o no en un equipo, idóneos para la reproducción o almacenamiento de videogramas y fonogramas: 10%
-Equipos decodificadores de señales de televisión, idóneos para la reproducción o almacenamiento de videogramas y fonogramas: 10%
-Dispositivos reproductores de fonogramas, videogramas o de otros contenidos sonoros, visuales o audiovisuales en formato comprimido: 10%
- Teléfonos móviles con funcionalidad de reproducción de fonogramas en formato comprimido: 1%
Inclusión digital como derecho humano en tierra puntana
En contrapartida con la ley Pichetto- Gustiniani, en la geografía puntana, la legislación favorece la inclusión digital. Tal es así, que el próximo 23 de octubre los puntanos tendrán un compromiso ineludible en las urnas; no sólo por la elección general, sino porque deberán decidir la incorporación de la inclusión digital como garantía en la Carta Magna provincial.
A poco más de dos semanas de la ratificación sellada por el gobernador Alberto Rodríguez Saá –candidato a presidente por Compromiso Federal−, cabe entrar en detalle sobre algunas de las nociones que sustentan la inclusión digital como derecho humano en la normativa puntana. En primer lugar, el proyecto entiende que la inclusión digital es la democratización del acceso a las tecnologías de la información y la comunicación, lo que permite la inserción irrestricta en la sociedad del conocimiento.
Desde la Universidad de La Punta (ULP), institución que lleva adelante la agenda digital del Gobierno provincial, se indicó “que la inclusión digital tenga rango constitucional no sólo obligará al Estado a garantizar su ejercicio sino que además asegurará que ese derecho no pueda ser cercenado por una norma de inferior rango”. Al respecto, se explicó que, por ejemplo, una municipalidad no podrá prohibir la instalación de antenas Wi-Fi por considerarlo contrario a normas edilicias.
“Desde el punto de vista práctico, el caso de San Luis es muy particular dado que previo a ser reconocido expresamente como un derecho constitucional, el Gobierno garantiza su ejercicio. Una vez incluido en la Constitución, ello dará continuidad a las acciones que se encuentran en ejecución”, se especificó desde la ULP. Un ejemplo de esas acciones es la ley provincial que garantiza el acceso gratuito a Internet para todos los habitantes de la provincia.
Otro aspecto a subrayar del proyecto de enmienda es que reconoce a la inclusión digital como un nuevo derecho humano, de cuarta generación. Rodríguez Saá explicó que, en cuanto a derechos humanos, hay tres generaciones: la primera alude a los derechos civiles políticos, vinculados con el principio de libertad; la segunda refiere a derechos económicos, sociales y culturales, que están vinculados con el principio de igualdad; la tercera implica derechos surgidos en la doctrina de la década de 1980 y se vinculan con la solidaridad. Los derechos humanos de cuarta generación están relacionados con la era actual: la era digital.
Como parte de su discurso en el acto de ratificación de la enmienda, el candidato a presidente de la Nación rememoró que en 1998 –durante la gobernación de Adolfo Rodríguez Saá− comenzó a trazarse la Autopista de la Información, la red de banda ancha que conecta a toda la provincia. “Llevamos ramificaciones a través de fibra óptica y antenas a todos los pueblos, de la periferia al centro. No sabíamos cómo hacer llegar ese enorme beneficio intelectual al pueblo, y un día descubrimos que era posible que nuestros chicos tuvieran computadoras, y que además tuvieran Internet en todo el pueblo. Así apareció el Wi-Fi gratuito. San Luis es el único lugar del mundo donde la conexión a Internet es gratuita”, afirmó.
En ese sentido, el mandatario puntano subrayó que la ONU ha dictado una recomendación al mundo, “igual que la que tenemos en San Luis, reconociendo la inclusión digital como un nuevo derecho humano, el primer derecho humano de la era digital”.
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